RETROACTIVIDAD CERO
Desde el año 2004, miles de ciudadanos y pequeñas empresas españolas optaron por convertirse en productores o inversores de energías renovables; para ello destinaron sus recursos a la implantación de tecnologías generadoras de energías limpias, alentados por las políticas establecidas por el Gobierno, que, a través del Real Decreto 436/2004 y el posterior RD 661/2007, que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, promovió con acierto la movilización de inversión privada en renovables, con el objetivo de implantar y desarrollar estas innovadoras tecnologías, cumplir con los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de CO2 e iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible y de futuro.
Como justa contrapartida, a este colectivo se le garantizó unos derechos y una retribución estable, a través de una prima para la energía generada durante toda la vida útil de las instalaciones "para fomentar su implantacion, por su contribucion a los objetivos del régimen especial", indicaba el propio RD 661/2007. De otra manera, en aquel momento, nadie hubiera dedicado ni tiempo, ni esfuerzo ni inversión a este tipo de fuentes de producción de energía.
Las condiciones de partida ofrecían la oportunidad de desarrollar una actividad empresarial con uno margen de beneficio razonable, aunque no exenta de incertidumbres, puesto que, por un lado, era el momento de las inversiones inmobiliarias especulativas con rápidos retornos y, por otra parte, las tecnologías fotovoltaicas no habían alcanzado su grado de madurez, ni lo hubieran hecho sin el esfuerzo humano y económico que realizó nuestro colectivo.
Es obligado recordar, que la labor pionera del sector fotovoltaico español ha aportado un valioso Know how en productos, servicios y gestión, que está siendo ahora bien aprovechado en muchas partes del mundo y, singularmente, en Alemania, a pesar de ser un territorio con baja insolación. La implantación de nuestras plantas de producción generó un efecto multiplicador de conocimiento, empleo de calidad y riqueza.
A su vez, las políticas que favorecían esta eclosión fotovoltaica estaban avaladas por la Unión Europea, que en su directiva 28/2009 marcaba la senda de inversión que deberían seguir los Estados Miembros hasta 2020 para alcanzar los objetivos de: un 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a 1990, Aumentar al 20% la cuota de las renovables en el consumo final de energía y aumentar un 20% la eficiencia energética.
Sin embargo, desde principios de 2010, una vez realizadas las inversiones, que en la gran mayoría de los casos provenían, como es natural, de créditos bancarios avalados por el patrimonio del inversor; una vez implantadas las instalaciones y alcanzando los niveles de gestión óptimos; el mismo Gobierno que incentivó incondicionalmente este modelo de desarrollo energético, cambio radicalmente su política y, a través del Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010 y del Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, dejó sin margen de viabilidad estas iniciativas particulares y empresariales, que registraron una perdida media de un 35% de ingresos durante los años 2011, 2012 y casi un 15% con carácter permanente.
La Comunidad Europea, hizo llegar al Ministerio de Industria su rechazo a estos cambios retroactivos y condenó la aprobación de estas leyes por parte del Gobierno, puesto que ponían en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE y, de manera muy peligrosa, la propia credibilidad de España, lo que supondría un riesgo evidente para futuras inversiones en nuestro país en este y en cualquier otro sector que pudiera quedar al arbitrio de otro capricho legislativo, unas inversiones que son imprescindibles para generar empleo y riqueza.
La UE ha advertido que "La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector" (dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, pág. 26). El Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, que ha mantenido la interlocución con ANPIER, considera esencial que España recupere la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas, como el RD 1565/2010 y el RD Ley 14/2010.
De todas las renovables, la fotovoltaica es la tecnología más democrática, por ser la que permite con mayor facilidad la generación distribuida, adaptando la potencia de la instalación a las necesidades del consumo in situ y las posibilidades de inversión en cada caso. Por su situación geográfica y condición climatológica, España es uno de los países del mundo con mayores posibilidades de aprovechamiento del recurso solar.
Por esos motivos, en España existen alrededor de 55.000 titulares de instalaciones fotovoltaicas que contribuyen a la mejora de la eficiencia energética y a la independencia de la importación de derivados del petróleo, ahorrando cada año varios miles de millones de Euros en nuestra balanza comercial.
La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables está formada fundamentalmente por esos productores fotovoltaicos, que se sienten defraudados y amenazados por el rumbo de la política estatal en materia de energía y, en particular, por el trato discriminatorio que recibe actualmente la fotovoltaica, a pesar de haber sido la tecnología que ha conseguido un mayor ahorro de costes y la que ha alcanzado mayor eficiencias en la producción.
ANPIER exige que se restituya la Seguridad Jurídica en el sector español de las energías renovables, quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010.