Anpier, la Asociación Nacional del Productores de Energía Fotovoltaica, se ha dirigido formalmente a todas las fuerzas parlamentarias del Congreso de los Diputados para solicitarles que reclamen explicaciones inmediatas y en sede parlamentaria a José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo, por la supuesta contratación de dos consultoras independientes.

Roland Berger y Boston Consulting fueron contratadas para el cálculo de las nuevas retribuciones para los productores de energías renovables; unas retribuciones que, finalmente y sin llegar ni a contemplar estos informes, han derivado en dramáticos recortes de hasta el 50% de los retornos que Estado acordó con las familias fotovoltaicas, que ahora no pueden pagar a los bancos ni soportar la estructura de financiación que el propio Ministerio recomendó por escrito a través del IDAE, en la campaña publicitaria para la promoción de estas inversiones "El sol puede ser suyo", en la que se recomendaba una financiación del 80% del valor de las plantas, sobre unos cálculos de retorno que hacían sostenible dichas instalaciones, que ahora, sin embargo, arrojan rentabilidades negativas.

Recientemente se ha conocido, tras reiteradas solicitudes por parte del Tribunal Supremo de que le fueran entregados dichos informes, que el pasado 11 de febrero se canceló el contrato con la Boston Consulting, mientras que Roland Berger entregó su informe el pasado 31 de octubre, meses después de que el Ministerio aprobase la Orden Ministerial con los nuevos y caprichosos parámetros retributivos que han sumido en la quiebra económica a decenas de miles de familias españolas. El Ministro Soria pretende ahora devaluar el valor de dichos estudios, que tenían un coste para las arcas del Estado de 600.000 Euros, frente al carácter de extrema importancia que se le otorgó en su momento por el propio Ministro y por la propia orden de contratación de estas consultoras, en la que exponía literalmente: "Así mismo, dada la importante repercusión económica y social que tendrá la futura regulación, el IDAE ha sido expresamente requerido por la Secretaría de Estado de Energía de ese Ministerio entre otras cuestiones, para la urgente realización de los trámites necesarios para la contratación, preservando una absoluta confidencialidad, de consultoras independientes de contrastada solvencia y reconocido prestigio, para la realización de un estudio que valore y establezca los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España", estos informes, como se colige, tenían una misión más ambiciosa de la que ahora pretende atribuirles el Secretario de Estado, Alberto Nadal, que afirma que la labor de estos estudios era de mero "contraste".

El sector fotovoltaico español va a iniciar acciones en todas las Comunidades Autónomas del Estado, que culminarán con una gran movilización frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para exigir la dimisión del Ministro José Manuel Soria y de su Secretario de Estado, Alberto Nadal, ya no sólo por la última y grave irregularidad conocida, sino por haber articulado el desmantelamiento del sector renovable en España sin que esto estuviera previsto en el programa electoral de su partido y sin ningún tipo de consenso político, territorial o social; con varios recursos de inconstitucionalidad presentados por Comunidades Autónomas de su mismo signo político.

La Dictadura energética Soria-Nadal, de inspiración sobradamente conocida, ha quebrantado la economía de 62.000 familias españolas que, de buena fe e invitadas por el propio Estado, destinaron sus ahorros, con el aval de sus hogares, al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica. Los productores fotovoltaicos españoles exigirán en las calles de Madrid, que se restaure la seguridad jurídica en el sector, y que se inicie la definición de una verdadera Política de Estado que alumbre un nuevo modelo energético de consenso que persiga un interés general sincero.

La reforma del sector renovable no establece una retribución del 7,5% para los productores fotovoltaicos, como se desprende de la encuesta realizada por esta asociación sobre una muestra de 500 instalaciones de entre 10 y 100 Kw repartidas por todas las Comunidades Autónomas, que refleja como más de un tercio de los propietarios de estas instalaciones, concretamente un 36%, declara soportar rentabilidades negativas, mientras que, en el otro extremo, sólo un 3% ha llegado a obtener el 7,5% que aseguraba el Gobierno que alcanzarían todas y cada una de estas instalaciones con la reforma.

Es evidente que el nuevo marco no se basa en parámetros objetivos ni fiables, ni soluciona los problemas del sector, ni aminora el precio de la energía, ni ataja el déficit de tarifa, ni sienta las bases de un nuevo modelo sostenible. Para el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, estamos ante "la última falsedad conocida de la gran mascarada de la Reforma Soria-Nadal, un supuesto procedimiento para establecer las retribuciones de las familias fotovoltaicas sobre la base de estudios especializados y objetivos de consultoras independientes, que se ha convertido en un nuevo atentado contra la solvencia y la seriedad del sector energético y del Estado español, que no pasa desapercibida para los inversores nacionales e internacionales".

Con esta manera de proceder, el escenario energético español queda en manos de las pocas empresas capaces de quedar siempre a salvo de la inseguridad jurídica establecida a golpe de Real Decreto, que expulsa a los productores no convencionales, los pequeños, y disuaden a los que se hubieran planteado acceder al sector, con el resultado conocido de: ruina para los que decidieron entrar y socializar el sector a través de las energías limpias; ausencia casi absoluta de nuevas inversiones; y, en paralelo, sorprendentes incrementos anuales de la rentabilidad y las cotizaciones bursátiles de los operadores tradicionales.