Miguel Angel Martínez-Aroca volverá a presidir la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica durante los próximos cinco años. Anpier es la entidad que asocia y representa a los 62.000 productores fotovoltaicos, pioneros del desarrollo y generación de la energía solar fotovoltaica en España que ahora se encuentran en una situación de absoluta precariedad económica, a la espera de una solución política urgente.

Tan sólo siete años después de que cinco particulares lamentaran en un foro de internet su precaria situación tras los primeros recortes retroactivos, la entidad que cuenta con 5.000 asociados y decenas de miles de simpatizantes, un equipo formado por ingenieros, abogados, periodistas y economistas, una importante sede en Madrid y una delegación permanente en Bruselas.

En estos años, Anpier ha alcanzado la interlocución necesaria ante las Administraciones autonómicas, estatales y comunitarias, así como el reconocimiento sectorial, mediático y social, para proclamar su defensa a ultranza de la implantación de un nuevo modelo energético renovable y social, que respete la seguridad jurídica.

El Presidente de Anpier, Martínez-Aroca, ha adelantado que el objetivo de la asociación es mantener su línea ascendente en volumen de asociados para poder alcanzar un mayor peso social y sectorial, que permita realizar acciones encaminadas a impulsar los cambios normativos necesarias que permitan socializar la generación eléctrica, algo que pasa, necesariamente, por restaurar la seguridad jurídica, condición necesaria para que los españoles tengan la confianza necesaria para participar en el sector ya no como meros consumidores, sino también como productores.

A juicio de Miguel Ángel Martínez-Aroca: “Es una tragedia medioambiental, económica y social, que quienes nos gobiernan hayan decidido mantener a los ciudadanos al margen de la generación eléctrica, como meros paganos de facturas. Esto ha favorecido un modelo centralizado, en manos de unas pocas empresas con enormes y garantizados beneficios anuales, que nos han impuesto una generación costosa, fósil, tóxica y peligrosa. Las 62.000 familias fotovoltaicas hemos derribado las barreras tecnológicas, y demostrado que los ciudadanos somos capaces de acceder a la generación; sin embargo, prefieren mantener al pueblo al margen de esta actividad, fomentando la ignorancia en la materia, complicando al extremo la normativa, estigmatizando a los actuales productores y convirtiendo sus inversiones en un fracaso absoluto que disuada a cualquier otra pequeña o mediana iniciativa. Nuestro gran reto como asociación es cambiar este bochornoso escenario”.