Anpier denuncia que el Gobierno español está desarrollando una política energética que insta al Estado a “privatizar” la generación eléctrica y entregar un recurso natural abundante en España a un reducido grupo de empresas, hurtando a la sociedad la posibilidad de aprovechar directamente este recurso. Consideración que ha trasladado este mañana el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, al Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en una reunión que se ha celebrado esta mañana en Madrid en el edificio de la Representación de la Comisión Europea.

Anpier considera que el Gobierno, al menos en el ámbito energético, establece marcos legales abiertos para que sean desarrollados por medio de Órdenes Ministeriales que regulan cuestiones que, siendo trascendentales para la sociedad, cursan sin el deseable control Parlamentario, al criterio y voluntad de una sola persona y de sus circunstancias; además, al tratarse de una competencia centralizada, queda también vedada a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la posibilidad de realizar aportaciones.

En este sentido, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, está desempeñando una labor que conduce a blindar el oligopolio de la generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser meros paganos de facturas gravosas e incomprensibles, y sin opción para participar en la generación de energía a través de un recurso renovable, gratuito e inagotable como es el sol. De esta manera, una vez superadas las barreras tecnológicas, se han levantado barreras normativas, y nuestro país inicia la senda de una transición energética renovable, pero no social, con todo el perjuicio que acarrea para el interés general.

Esta asociación denuncia que los recortes retroactivos sufridos por las 62.000 familias españolas no sólo tratan de subsanar lo que parecen considerar un error: que entren a generar energía para suministro las iniciativas particulares, restando una parte, exigua, de mercado a los operadores tradicionales del mercado eléctrico; sino que han logrado disuadir a cualquier otro colectivo de la población de plantearse inversiones en este sector. Por otra parte, con el llamado impuesto al sol, se bloquea también el autoconsumo de particulares y empresas y, ahora, con la reciente publicación del Real Decreto que sienta las bases para que se regule la subasta de 3.000 nuevos MW renovables a través de una Orden Ministerial, que adelanta condiciones de acceso absolutamente alejadas del ciudadano y solo al alcance de grandes empresas.

El borrador de la Orden Ministerial que definirá las condiciones de adjudicación para la subasta de nueva potencia renovable, ha establecido todas las cautelas necesarias para hacer inaccesible al ciudadano la posibilidad de adjudicarse ni un solo kW de los 3.000.000 que saldrán a subasta. Tal y como está configurada esta subasta, ante igualdad de ofertas, la ganadora será aquella que aporte más potencia al sistema (si una instalación de 1.000kW y una de 200.000kW ofertan un descuento del 43% sobre el valor inicial de la inversión, la oferta de 200.000kW ganará). Por su parte, tras los medidos y sucesivos recortes retroactivos, los bancos no están por la labor de financiar más del 50% de la inversión, para no volver a compartir riesgo regulatorio, una nueva barrera a la generación social, esta vez inducida por la estrategia regulatoria de los últimos años.

El Gobierno, a través del Real Decreto que regula la convocatoria de la nueva subasta para introducir nueva capacidad renovable, pretende confundir a la Sociedad, haciendo creer que la eficiencia en costes de las empresas adjudicatarias beneficiará al ciudadano. La generación eléctrica centralizada y concentrada en manos del oligopolio puede, efectivamente, parecer atractiva y rentable al ahorrar algún insignificante céntimo por cada unidad de producción; sin embargo, si avanzamos en el análisis, descubriremos que si la generación se descentraliza y socializa, los destinatarios del conjunto de los beneficios serán los propios ciudadanos que, además, redistribuirán los ingresos obtenidos en las propias economías locales, generando así un círculo virtuoso rentable para el conjunto de la sociedad española, empobrecida y buscando refugio en los grandes núcleos urbanos. Para Martínez-Aroca “La fotovoltaica ofrece a España la gran oportunidad de progreso económico, social y territorial al que no debemos renunciar” y se pregunta “¿Por qué no implantar generación en territorios con elevadas tasas de desempleo estructural o en zonas que requieren reconversión, como son las cuencas mineras? Supondría un importante reequilibrio que aliviará esfuerzos presupuestarios para atender a esa población y el coste de generación sería muy similar al que ofrezca una multinacional, que no dejará ni un céntimo en las zonas de producción”.

Anpier exige una cuota social del 20% del total de la potencia subastada, puesto que, además, la generación social del colectivo fotovoltaico ha demostrado su capacidad y solvencia técnica en la gestión de estos activos. En este sentido, Martínez-Aroca ha recordado al Comisario Arias Cañete, que el borrador de la nueva Directiva de Renovables apunta como esencial la democratización de la generación. Dicho borrador establece, en su Artículo 22, la importancia de que grupos de personas físicas y pymes, ayuntamientos y municipios, lo que llama la “generación social” tengan garantizado por el Estado el derecho real a generar energía.

El Presidente de Anpier recuerda que “es precisa la recuperación de la Seguridad Jurídica, para poder generar confianza y socializar, por lo menos, una pequeña parte de la generación” El propio borrador de Directiva en su Artículo 6 expresa, para evitar situaciones como la que sufren los fotovoltaicos españoles, que “los Estados miembros garantizarán que el nivel de apoyo prestado a los proyectos de energías renovables, así como las condiciones a las que esté sujeto, se revisen de forma que no tengan un impacto negativo en los derechos conferidos”.