En el día de hoy, Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, se ha reunido con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria para analizar la situación del sector energético y renovable en España y en Cantabria.

Miguel Ángel Martínez-Aroca ha trasladado al Gobierno de Cantabria las circunstancias en las que se encuentra el colectivo productor fotovoltaico español. En palabras del presidente de Anpier: “La fotovoltaica ha revolucionado el panorama energético a velocidad de vértigo, ya que sus costes de instalación y generación se han desplomado en una década; en 2010 teníamos un coste de instalación de 5,5 €/Wp, hoy estamos en los 0,72 €/Wp en fija, con unos costes de generación de tan solo 11 €/MWh”.

Esta mañana el presidente de Anpier y Alberto Cuartas, delegado de Anpier en Cantabria se han reunido con el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín; y con el director general de Industria, Energía y Minas, Raúl Pelayo; donde han podido conversar sobre los excelentes resultados en penetración de las energías limpias.

La inversión realizada por las 60.000 familias españolas ha permitido que la generación fotovoltaica sea ya la más competitiva en precio y pueda ser gestionada por pequeñas iniciativas y particulares, lo que ofrece una ventaja competitiva extraordinaria, al ofrecer la posibilidad de evitar empresas y particulares soportar los importantes márgenes comerciales que vienen disfrutando las empresas tradicionales del sector eléctrico español. Cantabria tiene muchas más horas de sol que muchos países del norte de Europa, dando una oportunidad de negocio en el autoconsumo que supondría una reducción de la factura de la luz del 40% en los hogares y empresas.

La gran trasformación energética a la que nos enfrentamos no debe percibirse como un lastre económico y social, sino como una oportunidad que nos permita hacer de la necesidad virtud y repensar cómo aprovechar la riqueza natural y humana de Cantabria para alcanzar un desarrollo sostenible que nos permita incrementar el progreso económico y el bienestar social.

Son claras las bondades que nos aportan las renovables: no contaminan, son capaces de producir a precios impensables hasta hace poco, y ofrecen la posibilidad de adaptarse a las diferentes finalidades. Estas ventajas explican su eclosión y la previsión de una masiva instalación de parques fotovoltaicos -también eólicos- por toda la península.

Una buena articulación de las subastas podría asegurar estabilidad al sistema, fijando en la parte de la generación a verdaderos productores y no a meros especuladores. Dado que los grandes fondos se comportan como depredadores multisectoriales con posibilidades casi ilimitadas de financiación y, por lo tanto, con mayor capacidad de asumir riesgos y de ejercer presión desde la oferta, parece indicado priorizar en las subastas a las iniciativas locales –pymes, cooperativas y autónomos-, que no tienen acceso privilegiado a la financiación, ni ánimo de especular con las instalaciones, sino que se comportarían como operadores territoriales, generadores de riqueza local ajenos a las dinámicas abusivas propias de la concentración. Este tejido daría mayor certidumbre a la generación, sin que los precios de la energía fueran a resultar más altos, por lo que sería oportuno articular una subasta que diera cobertura a potencia distribuida de pequeñas iniciativas de hasta 5 MW, cuyas instalaciones, además, se asimilan en la propia red de distribución y se integran mejor en los entornos naturales.

El Gobierno español ha declarado “la emergencia climática y ambiental” en coherencia al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

Además, todos los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con su ‘’Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’’ (PNIEC), con esta planificación España se sitúa en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050.