LOS FONDOS INTERNACIONALES ESTÁN LOGRANDO COMPENSACIONES POR LOS DRÁSTICOS RECORTES QUE SUFRIERON EN SUS INVERSIONES RENOVABLES EN ESPAÑA

EL PROGRAMA DE GOBIERNO PSOE-UP RECOGE UNA COMPENSACIÓN PARA LAS FAMILIAS FOTOVOLTAICAS ESPAÑOLAS QUE EL MINISTERIO PARA LA TRANSCIÓN ECOLÓGICA NO QUIERE CUMPLIR

Madrid, 4 de abril de 2023. Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, insta a Pedro Sánchez a que ponga fin al ridículo internacional y al vergonzoso escarnio que sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España. Tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos. 

Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito, pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones, tan solo a los dos años de estar operativas, con recortes de hasta un 50%, el más sórdido de los episodios que jamás ha experimentado un sector regulado en un país del primer mundo, puesto que la seguridad jurídica es una máxima que habría de ser inquebrantable.

La suerte de los inversores nacionales y los internacionales se separa en el momento de reclamar las lógicas compensaciones por los daños causados. A los nacionales se les estigmatizó ante la sociedad para justificar abusivos recortes retroactivos, que les llevaron a la ruina, atribuyéndoles incluso el déficit de tarifa del sector eléctrico, que ya estaba en cotas insoportable antes de que se desplegaran estas instalaciones. La justicia española, sobre la base de estos argumentos y considerando que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias, a pesar de que en las campañas y detallados materiales que realizó el IDAE para captar las inversiones de estas familias, como era lógico, por impensable, jamás se consideraba un escenario de esta naturaleza.

Por su parte, los inversores internacionales, posiblemente previendo escenarios tan inverosímiles como los que, efectivamente, vivieron las familias españolas, no acudieron a los tribunales españoles, ni siquiera en la mayoría de los casos europeos, sino que -facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía- pidieron justicia en el CIADI, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, donde se van conociendo unos laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier ha señalado que “desde el Ministerio para la Transición Ecológica se pretende negar la realidad, se nos indicaba que ninguno de los laudos se había llegado a ejecutar, una postura similar a la del mal estudiante que, aun a sabiendas de que va a suspender todas las asignaturas, se considera libre de toda responsabilidad mientras el daño no se haya materializado; pero han llegado las calabazas, una detrás de otra, como todos sabíamos, y han caído en esta misma Legislatura”.

Ante esta actitud del Ministerio español, de mantenerla y no enmendarla, los acreedores ya han elaborado una lista de bienes del Estado embargables entre los que figuran los aviones Falcon, la indemnización del Prestige o, como se ha conocido en el día de hoy, las cuentas del Instituto Cervantes. 

Se ha conocido esta semana que España ya ha entrado en la lista de países más morosos del mundo situándose en el segundo lugar, tras Venezuela, y que podría colocarse en el primer puesto una vez vayan conociéndose los laudos que están pendientes de resolución.

Para Martínez-Aroca “la situación exige sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, por los injustos recortes, y restaurar una situación de justicia; y para ello es preciso reconocer los errores y dejar de confundir a la sociedad, en un juego que a nadie beneficia porque daña la credibilidad del Estado español frente a sus compromisos internacionales y frente a la obligación de velar por sus propios inversores nacionales, especialmente cuando se trata de miles de familias con recursos económicos limitados que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado”.