Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, se vio obligada a cancelar sus actos públicos durante el periodo de campaña electoral, tras ser denunciada por el Partido Popular ante la Junta Electoral Central, por una inserción publicitaria publicada en los diarios ABC y El Mundo, el pasado día 7 de mayo.

Los fotovoltaicos emitieron una publicidad en la que aparecía una metáfora visual del comportamiento del Partido del Gobierno frente a la inseguridad jurídica que soportan los productores españoles de energía solar fotovoltaica: el Estado no está cumpliendo los compromisos suscritos mediante Real Decreto Ley, mientras que estas 62.000 familias españolas fotovoltaicas sí deben respetar mensualmente con los compromisos de pago con la banca, que fueron adquiridos en virtud del citado Real Decreto Ley, que establecía unos retornos garantizados, ahora cercenados hasta en un 50%.

El Partido Popular, mientras estuvo en la oposición, denunció pública e incluso en sede parlamentaria, la injusticia que sufría este amplio colectivo y aseguró que la repararía una vez llegara al Gobierno; pero, una vez alcanzado el poder, muy al contrario de lo que anunció, endureció el castigo que soportan estas familias con recortes adicionales a los impuestos por el ejecutivo anterior.

El ataque a la libertad de expresión de las familias fotovoltaicas españolas agrupadas en Anpier, agrava el estado de pre-alarma social por la sucesión de acciones contrarias a la libertad de expresión que está desarrollando “este” Partido Popular. El mismo día de la publicación del anuncio en prensa de Anpier, los populares presentaron un escrito de denuncia en el que aseguraban que dicha inserción estaba “animando a los electores de las próximas elecciones al Parlamento Europeo a no votar al Partido Popular”, que Anpier, al no presentarse a dichas elecciones, “no puede realizar campaña electoral en ningún sentido” y que, en caso de hacerlo, se estaba realizando “fuera del periodo de campaña electoral”, que comenzaba dos días después.

En menos de 24 horas, la Junta Electoral Central notificó a Anpier que debía cesar “la publicación de anuncios como el denunciado” hasta que este órgano procediera al examen “del asunto” puesto que podrían resultar “contrarios a la Ley Orgánica 5/1985”; sin embargo, en la resolución final, que no llegó hasta el pasado día 20 de mayo, esta instancia indicaba que, finalmente, “no se dan los supuestos del artículo 50.5 y por lo tanto procede a archivar la denuncia”. Dicho artículo, el 50.5 LO 5/1985, expresa que ninguna persona jurídica distinta de las fuerzas políticas que concurren a unos comicios, podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, que es el garante de la libertad de expresión, entendiendo por campaña electoral “el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”.

Esta circunstancia motivó que Anpier tuviera que suspender todas sus acciones de comunicación, así como todos los actos públicos previstos, entre ellos las Jornadas previstas en Cartagena, Lorca, Granada y Málaga, dado que resultaba comprometida su libertad de expresión por la denuncia del Partido Popular.

Desde Anpier, tal y como se remitió en las pertinentes alegaciones a la Junta Electoral Central, se considera que “no existió campaña en el sentido “electoral”, dado que no se pedía voto a favor ni en contra de ningún partido; únicamente se constataban acontecimientos que se circunscriben a informaciones veraces y valoraciones amparadas por el derecho a la Libertad de expresión, que en ningún caso pueden ser consideradas vejatorias u ofensivas”.

Los productores fotovoltaicos de Anpier manifiestan públicamente, a través de este comunicado, su rechazo a cualquier actitud u acción que pretenda recortar derechos fundamentales y, en especial, los protegidos por el artículo 20 de nuestra Constitución, que reconoce y protegen los derechos “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, garantía que el Partido Popular no ha sabido entender, al menos en lo referente a la política de comunicación de esta asociación, por lo que insta a esta fuerza política a ampliar su concepto de libertad de expresión para que no resulte más restrictivo que el definido por nuestro marco constitucional.