Estimado socio,
Es una verdad científicamente admitida que las consecuencias del Cambio Climático ya son solo minimizables; pero no evitables. Está contrastado que el 70% de los gases que nos llevan a los peores escenarios provienen de la quema de combustibles fósiles. Es una realidad que las renovables son capaces de generar energía sin perjudicar el entorno y a un precio mucho más competitivo que cualquier otra fuente de generación, con la singularidad de que nuestro Estado no dispone de gas ni de petróleo en el subsuelo; pero sí de sol en superficie, con lo que tenemos una ventaja competitiva que tendría que ser irrenunciable.
En los últimos años, asistimos a un apasionante proceso de transformación en la forma de producir, distribuir y consumir energía. Cualquier error o retraso en el diseño de nuestro futuro modelo energético tendrá consecuencias nefastas, tanto para nuestra economía como para el bienestar de nuestra sociedad y el equilibrio medioambiental local y global. El alcance de los males de cometer errores en esta materia irá en consonancia con el tipo y la magnitud de las deficiencias en las que se incurra, puesto que, una vez iniciada una senda, será cada vez más costoso enmendar la trayectoria. Nuestros ojos verán una constante sucesión de proyectos renovables. Nada que objetar al respecto, salvo una cuestión de gran trascendencia: ¿Quiénes serán los propietarios de esta riqueza? ¿Monopolizarán la propiedad de la generación unas cuantas empresas multinacionales en exclusiva o tendrán cabida pequeñas y medianas iniciativas? La respuesta estará en el Boletín Oficial del Estado, nuestro ordenamiento podrá disponer condiciones inaccesibles para los ciudadanos y PYMES o establecer condiciones que permitan socializar los ingresos que genera el sector energético.
Las derivadas de optar por uno u otro modelo son muy distintas, en el primero de los supuestos nos encontraremos con que los miles de millones de euros que pagamos todos los españoles a través de la factura de la luz quedarán en manos de unos cuántos CIF de colosos empresariales, que no dejan en el territorio más que algún patrocinio deportivo o cultural; con el segundo, la realidad sería bien distinta: cuanto más socializada esté la generación, más riqueza quedará en manos de ciudadanos, en manos de decenas de miles de DNI, que podrán participar de iniciativas empresariales de generación a pequeña escala, que aporten ingresos, y de instalaciones de autoconsumo, que aporten ahorro. Si la sociedad se empobrece, el bienestar se reduce, el consumo y el empleo se deprimen y la recaudación por parte de las administraciones se resiente, y con ellas los servicios públicos y prestaciones sociales. Además, para mantener unos mínimos en política de vertebración territorial y asistencial sería preciso soportar una mayor presión fiscal. De esta manera, si los ingresos que realizamos cada mes para pagar la luz fueran a la sociedad de forma organizada, lograríamos un efecto positivo en nuestra economía local y, por ende, en la capacidad presupuestaria de políticas públicas; por el contrario, si lo que destinamos cada mes a energía se lo llevan cuatro empresas, tendremos que hacer un esfuerzo adicional en forma de mayores aportaciones al erario público.
Esta es la disyuntiva que ha de resolver el nuevo Gobierno, ha de fijar la clave de la propiedad de nuevo modelo de generación energética, que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmiendan la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética. Sin embargo, no se puede mirar al futuro sin resolver el tremendo error que se cometió en el pasado. Hay que restaurar la dignidad de las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del Planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese. Por eso es un imprescindible devolverle a este colectivo la seguridad jurídica perdida.
Estamos persuadidos de muy pronto saldrá el sol para iluminar nuestra esperanza, un sol de justicia que restaure los derechos y la honorabilidad de las familias fotovoltaicas españolas, un sol radiante que podamos aprovechar, de una vez por todas, para producir nuestra energía sin dependencia del exterior, sin contaminar el entorno y sin que unos pocos, demasiado pocos, se lucren del esfuerzo de muchos, de decenas de millones de españoles.
Miguel Ángel Martínez-Aroca
Presidente de ANPIER
