#21Jrenovables, el video:

 

La Administración adeuda a las 62.000 familias productoras de fotovoltaica el 40% de las cantidades correspondientes a las liquidaciones de los meses transcurridos del ejercicio 2014; unas liquidaciones que aplican, además, unos recortes de ingresos de hasta el 50% con respecto a las remuneraciones que garantizó el Estado para que los españoles invirtieran sus ahorros en el desarrollo y generación de energía solar, por lo que, con respecto a lo previsto, a estas alturas del año, con los recortes y retrasos, estas familias han ingresado, de media, apenas un 35 % de lo inicialmente garantizado.

Las 62.000 familias españolas productoras de fotovoltaica están empezando a recibir las primeras liquidaciones tras la reforma del sistema de retribución ; documentos incomprensibles para el ciudadano medio, cuyo resultado final es una retribución que supone recortes de hasta el 50% y la necesidad de refinanciar las instalaciones.

10.000 personas venidas de toda España, convocadas por Anpier, se han manifestado se han concentrado frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para exigir al Gobierno un cambio de rumbo inmediato en su política energética.

CONOCE EL MANIFIESTO ANPIER

Pere Guerra, Responsable de Relaciones Internacionales de Anpier, ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de EREF, European Renewable Energies Federation, la gran patronal europea de las energías renovables, que engloba a 30 grandes asociaciones del sector de toda Europa, con Anpier y APPA representando a España.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, se vio obligada a cancelar sus actos públicos durante el periodo de campaña electoral, tras ser denunciada por el Partido Popular ante la Junta Electoral Central, por una inserción publicitaria publicada en los diarios ABC y El Mundo, el pasado día 7 de mayo.

Anpier está realizando Asambleas en todas las provincias de España para informar a las 62.000 familias que forman este colectivo de afectados de las consecuencias reales que se derivan del nuevo marco regulatorio impuestopor el Gobierno al sector fotovoltaico español y que, en la práctica, dinamita cualquier atisbo de seguridad jurídica.

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