Cerca de 10.000 personas venidas de toda España, convocadas por Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, se han manifestado por el madrileño Paseo de la Castellana y se han concentrado frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para exigir al Gobierno un cambio de rumbo inmediato en su política energética.
En el manifiesto leído a la conclusión, el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha exigido “que la política energética de este país pase a ser una verdadera política de Estado y no la imposición caprichosa de unas pocas personas, que no cuentan ni siquiera con el consenso de su propio partido y sí con el beneplácito de un reducido grupo de empresas” y solicitó “que se tomen medidas efectivas para que la generación eléctrica no sea exclusivamente una actividad del ámbito de media docena de grandísimas empresas y que se democratice su participación y competencia” así como la modificación inmediata todas las normativas que están destrozando la seguridad jurídica y la confianza en las inversiones de este país.
Los manifestantes han pedido que se restituya a los pequeños productores de energías renovables los derechos que les otorgaron las normas que les dieron origen a sus instalaciones y que dimitan los máximos responsables del desastre energético que padecemos: El Ministro José Manuel Soria y el Secretario de Estado, Alberto Nadal, que ha aprobado un nuevo marco para las renovables, que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético.
Puesto que, una vez puestas en marcha las plantas, y con los patrimonios de estas familias hipotecados, Soria y Nadal derogan sin contemplaciones ni dialogo el sistema de apoyos que se acordó, para imponer un mecanismo de supuesta “rentabilidad razonable” que, en la práctica, supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones.
El acoso que sufren las renovables y las familias productoras, solo se puede comprender si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; a pesar de que las renovables democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son evidentes para todo aquel que no se conforme con escuchar el sesgado discurso oficial, que afirma que son gravosas para la sociedad; pero si se hace un cálculo honesto y se computan todos los costes y los ahorros que aportan al bajar el precio de la luz, son absolutamente rentables para el conjunto de la sociedad española en el plano meramente económico, sin entrar en que, además, no generan contaminación ni patologías asociadas y ni supone asumir el riesgo de algún tipo de catástrofe.