Las 62.000 familias españolas productoras de energía solar fotovoltaica están empezando a recibir las primeras liquidaciones tras la reforma del sistema de retribución del sector renovable; documentos incomprensibles para el ciudadano medio, cuyo resultado final es una retribución que supone recortes de hasta el 50% y la necesidad imperiosa de refinanciar las instalaciones sin ningún tipo de certidumbres sobre los ingresos.

Cuando el Estado español decidió captar los ahorros de las familias españolas para impulsar un modelo energético sostenible, ahora truncado, se ofreció al ciudadano la posibilidad de instalar fotovoltaica como una opción ética, segura, rentable y sencilla. Ahora, declara el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “quebrada la seguridad y la rentabilidad con los recortes retroactivos impuestos, se ríen de nosotros con unas liquidaciones que requieren asesoramientos técnicos especializados que no nos podemos permitir” con el objetivo de “expulsarnos del sector por asfixia económica y desesperación, nos captaron como ciudadanos y eso es lo que somos, no somos multinacionales con gabinetes jurídicos e ingenieros especializados”.

A los productores fotovoltaicos se les ofrecía un sistema de liquidaciones muy sencillo y estable, dónde se calculaba los ingresos multiplicando los Kwh producción que marcaba su contador por una prima que compensaba la diferencia con respecto al precio de mercado. De otra manera, nunca se hubiera desarrollado esta tecnología, que ahora aporta una solución definitiva, barata y sostenible, al gran problema energético en España y el mundo entero.

Sin embargo, tras más de 10 cambios normativos traumáticos en menos de cuatro años, el pequeño productor se ve incapaz de comprender sus liquidaciones, cuya única evidencia es la incapacidad de afrontar los pagos al banco por la inversión inicial. Las nuevas liquidaciones se calculan sobre la base de unas retribuciones arbitrarias a la inversión y a la operación, que introducen recortes de hasta el 50% sobre lo inicialmente garantizado, a lo que se le suma un coeficiente de pago que, a día de hoy, sólo alcanza al 60% de la ya mermada retribución que ahora deberían percibir, a lo que se añaden correcciones de distinta naturaleza prorrateadas en 9 mensualidades y sobre lo que se aplican complejos impuestos generales y específicos. Todo ello sobre la base de una categoría de Instalación Tipo, que determina 500 modalidades de retribuciones diferentes, sobre las que no se tiene certeza siquiera de que sean las correctas en cada caso, puesto que la Administración todavía no ha comunicado a los interesados qué categoría le ha sido asignada.