El Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Garre, recibió al presidente de Anpier, Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Miguel Ángel Martínez-Aroca, que representa al colectivo de productores fotovoltaicos españoles.

“La recuperación de la seguridad jurídica será el elemento clave para evitar la ruina de las 62.000 familias productoras y para la configuración de un nuevo energético seguro, sostenible, rentable y responsable” ha adelantado Martínez-Aroca, que se muestra convencido de que “Alberto Garre defenderá con intensidad la seguridad jurídica de los productores fotovoltaicos y colaborará en la elaboración de una verdadera política energética de Estado, sobre amplios consensos políticos, sociales y territoriales”.

Anpier denuncia que el nuevo marco legal energético expropia las horas de sol a los españoles para favorecer a las empresas tradicionales, que producen energía a partir de fuentes fósiles, que generan emisiones nocivas, y nucleares, cuyos riesgos son sobradamente conocidos e indeseados por la sociedad. Esta situación, en la que unas tecnologías obsoletas desplazan a las renovables, no tiene precedentes en ningún lugar del mundo, y se explica por la capacidad de influencia política del lobby energético español, que ha contado con un nuevo marco legal que favorece esta disparatada involución.

La nueva Ley del sector eléctrico destroza la seguridad jurídica en España, lo que afecta gravemente a la imagen de nuestro país como destino para inversiones productivas; aniquila las fuentes renovables, nuevo motor de progreso en los países desarrollados; empeora la calidad del aire, lo que supone un grave perjuicio para salud pública y el medio ambiente; perpetua unos precios abusivos de la energía causados por el sistema de formación de precios que sobre remunera las tecnologías nuclear e hidráulica, lo que merma dramáticamente las renta familiar disponible y la competitividad de nuestras empresas; y acentúa la dependencia energética del país, un error geoestratégico de dimensiones y consecuencias imprevisibles.

Alcanzada, gracias al esfuerzo de 62.000 familia españolas, la madurez tecnológica de la energía solar fotovoltaica, el obstáculo es ahora normativo: las regiones meridionales de España, que soportan los rigores del cambio climático y tasas de desempleo próximas al 30%, no pueden lograr ventaja de la gran contrapartida que les ofrece su elevado número de horas de sol: la posibilidad de obtener energía muy barata para los hogares y para la industria, lo que supondría un atractivo decisivo para fomentar la implantación de tejido industrial, generador de empleo y riqueza.