Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha concluido en Pamplona, con la participación de productores del todo España, su III Edición del Camino del Sol

Con el eslogan: “Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación ha recorrido toda España, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de estos actores.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y su Vicepresidente, Juan Antonio Cabrero, fueron recibidos por la Presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y, posteriormente, por la Presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznáres. La Jornada se ha celebrado en Baluarte-Palacio de Congresos y Exposiciones, con la apertura con el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi Olaizola, y con la clausura de la Presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Anpier promueve en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

Anpier ha alertado también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denuncia que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en régimen de oligopolio. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible y cuestionado internacionalmente, tras conocerse el primer Laudo Arbitral del Banco Mundial que, previsiblemente, será el primero de todos los que se vayan fallando.

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría. Un colectivo que no está dispuesto a renunciar a sus derechos y exige al Gobierno una respuesta urgente para restaurar la quiebra de las normas que dieron origen a sus inversiones.