España ha perdido el décimo arbitraje internacional por el recorte, drástico y retroactivo, que el Gobierno Rajoy infligió a las instalaciones renovables con una reforma impuesta por los Ministros Soria y Nadal que, para el CIADI -órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial-, vulnera el estándar de tratamiento justo y equitativo recogido en el artículo 10.1 de la Carta de la Energía, por cuanto los demandantes, afirman los laudos, tenían la expectativa legítima de que no se modificaría el derecho de las plantas a recibir la remuneración prevista en forma de tarifa regulada. Este último laudo ha sido ganado por un fondo perteneciente a la gestora de inversiones especiales de Londres Infrared Capital Partners, propiedad del banco británico HSBC, según ha informado el diario digital El Confidencial .

De esta forma, todos y cada uno de los laudos conocidos motivados por la reforma Soria-Nadal, 10 hasta la fecha, se han decantado del lado de los inversores internacionales con total contundencia, y la factura a pagar en indemnizaciones está ya en los 800 millones de euros, más los intereses por demora que se están generando, a lo que habría que añadir los enormes gastos que está soportando el Estado en la defensa de estos pleitos y las costas de los procedimientos. Está previsto que, a los 10 ya resueltos, se sumen otros 17 laudos en los próximos meses. En total son 44 los casos que hasta la fecha se han conocido, lo que supondría 4.300 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados a los inversores; mientras se van agregando nuevos demandantes que engrosarían esta cantidad.

España es el país del mundo que más denuncias ha acumulado en el primer semestre de 2019, han sido cinco, por delante de países como Perú, Argentina o Venezuela. Algo que refuerza la posición destacada de España durante los últimos años como país con más reclamaciones pendientes por quebrantar la Carta de la Energía a causa de la devastadora reforma del sector eléctrico.

Para el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “Este vía crucis que está soportando el Estado español, es un descrédito para nuestro país y una sucesión lacerante de noticias para los 60.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que contemplamos como para una misma situación se están produciendo dos tipos de justicia: la que obliga a indemnizar el daño causado a los inversores foráneos, frente a la realidad de las familias fotovoltaicas españolas, que soportamos recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada. Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

No habrá transición justa si no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento del Estado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del Cambio Climático.

Es difícil explicar cómo es posible que a este sector se le haya impuesto 9 recortes retroactivos en 10 años; que la tarifa regulada que les ofreció el Estado y motivó estas inversiones se haya visto recortada hasta en un 50%; que se cierna sobre este colectivo un nuevo recorte de un 20% adicional; y que, como estrambote, los grandes inversores internacionales estén logrando sentencias favorables e indemnizaciones que les corresponden, mientras nuestras familias han tenido que refinanciarse en masa para no perder las garantías personales que aportaron en su día a la banca.

Siempre hay ámbitos en los que aparecen los consensos y, en ocasiones, la unanimidad. Ejemplo de ello es la posición que mostraron todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, en la pasada legislatura, con respecto a la necesidad de dar una solución urgente a la situación que soportan estas 60.000 familias fotovoltaicas españolas. Todos ellos impulsaron, apoyaron o firmaron algún instrumento normativo que permitiera evitar mayor sufrimiento a este gran colectivo de ciudadanos; pero la prematura conclusión de la legislatura ha dejado esta cuestión en el limbo y es urgente adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de este colectivo.