3- Queremos que se atienda y se compense el daño causado a las 60.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España, algo que les fue solicitado por el propio Estado español, y que ahora ven mermada la tarifa que se les ofreció y motivo sus inversiones éticas con recortes de hasta en un 50%.

4- Subrayar el daño moral que se suma al quebranto económico al contemplar como todos los demandantes internacionales sí logran sentencias que obliga al Estado español a reparar el daño que les fue causado por los recortes retroactivos arbitrarios.

5- Trasladar a la sociedad y al sector productor toda la información y el asesoramiento que precisen para participar en el sistema energético. El marco regulatorio se ha complicado en los últimos años, pero ANPIER es capaz de aportar todo el soporte que sea preciso para que las pymes y los ciudadanos puedan participar de este sector.

Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de pioneros de la fotovoltaica, a través de un marco retributivo inaceptable, que queda todavía más en evidencia a la vista del rosario de laudos arbitrales del Banco Mundial que condenan al Estado español a indemnizar a los inversores internacionales por la arbitrariedad del daño económico que soportan, en los que se demuestra que la reforma enmascaraba la destrucción de las iniciativas renovables sociales, dado que España ni ha ganado ni podrá ganar ni uno sólo de los más de 30 pleitos que afronta.

Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales.

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.

Ahora el reto más importante es transforma España para hacer frente a los nuevos desafíos sociales, económicos y medioambientales. En este marco, la Transición Ecológica será uno de los pilares esenciales de esta transformación, que solo es viable gracias al cambio de modelo energético que ahora iniciamos, con las energías renovables como protagonistas; pero esta transición nunca hubiera sido posible sin la madurez que ha alcanzado la tecnología fotovoltaica. Sin las renovables, solo tendríamos la alternativa del decrecimiento y la resignación de tener que habitar un país contaminado y sometido a precios altos de la energía.

No habrá transición justa si no se reconoce la labor y el esfuerzo de las 60.000 familias españolas que destinaron todos sus ahorros e hipotecaron sus bienes para el desarrollo y la generación de energía solar fotovoltaica, atendiendo un llamamiento del Estado, que les presentó esta misión como segura, rentable y ética. Un sector que ha soportado de manera estoica un carrusel inacabable de recortes retroactivos que han mermado sus ingresos hasta en un 50% de la tarifa que el Estado ofreció y motivó estos desarrollos.

Tampoco, si la propiedad de las instalaciones queda en manos de un reducido grupo de empresas y no se socializa. Los ciudadanos tenemos el derecho a producir energía a través de cualquier fuente de generación y, singularmente, a través de la tecnología fotovoltaica, la más modular y accesible. Los españoles debemos tener acceso a la posibilidad de reducir nuestros gastos en hogares y empresas a través del autoconsumo y, también, a producir energía para el suministro a través de la red general y obtener así complementos de renta, que sirvan para alimentar las economías locales y evitar los males que ocasionará el abandono de los entornos rurales.

En estas jornadas se informará de la situación del marco regulatorio actual y de la incertidumbre en cuanto a la actualización de la retribución para los siguientes periodos regulatorios.