Cuando las grandes empresas del sector energético ven dañados su intereses dentro o fuera de España, el Gobierno se convierte en el mayor defensor de este principio constitucional, como ocurrió con el caso de la expropiación de la filial de Repsol en Argentina o la expropiación en Bolivia de la filial de Red Eléctrica Española, por poner algunos casos en el exterior.

En lo referente a las actuaciones de firmeza interna en defensa de la seguridad jurídica del sector energético, tenemos varios ejemplos, como la millonaria compensación de Costes de Transición a la Competencia que se le abonó a las grandes eléctricas; los pagos en concepto de moratoria nuclear, que todavía se están pagando a estás eléctricas; los mil millonarios pagos por capacidad a los ciclos combinados de, una vez más, las grandes eléctricas; o, más recientemente, la compensación a la empresa ACS, que desarrollaba el proyecto Gas Castor, una indemnización que asciende a 1.350 millones de Euros, que deberán abonar los ciudadanos.

Con respecto al pago realizado a ACS, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer, en el programa El Objetivo de La Sexta, que no cumplir lo pactado en el decreto "hubiera sido una prevaricación por parte del Gobierno"[i].

Muy por el contrario, las 62.000 familias españolas productoras de energía solar fotovoltaica, no solo se han visto abocadas a la ruina por la derogación orquestada por este Ministro de los distintos Reales Decretos que fijaba el marco de relación entre el Estado y estos particulares, sino que el Gobierno ha lanzado una campaña de descrédito de este colectivo para hacer socialmente tolerable esta vulneración de la Seguridad Jurídica, culpando falazmente a las renovables del Déficit de Tarifa del sistema eléctrico, cuando este se produce, básicamente, tal y como señala la propia Unión Europea, por la sobre retribución de las instalaciones nucleares e hidráulicas de las eléctricas, unos sobre costes que no encuentran la legitimación social ni medioambiental que sí tienen en toda Europa las primas a las renovables, cuyos retornos económicos y medioambientales son evidentes.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, considera "una nueva humillación que las normas que regulan de manera tan caprichosa los pagos a las grandes del sector estén escritas en piedra y se considere una prevaricación alterar dichas condiciones; mientras que las normas que afectan a 62.000 familias parezcan estar escritas en plastilina y su radical alteración, 8 Reales Decreto en 4 años, se ampare en el supuesto interés del sistema eléctrico, una doble vara de medir inmoral y cruel"

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