Anpier exige al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que restituya la seguridad jurídica de las 62.000 familias españolas afectadas por las normas retroactivas contenidas en nuevo marco legal del sector eléctrico (RD 9/2013), que establece una supuesta pero falaz "retribución razonable" para este colectivo, que en la práctica supone la quiebra de la mayoría de las instalaciones al imponerles recortes de hasta el 50% de las retribuciones que en su día garantizó el Estado.

El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en su visita del pasado viernes a un parque fotovoltaico social situado en Jumilla (Murcia) declaró a las familias afectadas que "quiero, ante vosotros asumir un compromiso, y es que en noviembre de 2015, cuando el Partido Socialista vuelva a Gobernar en España, se restituirá la retribución de las fotovoltaicas" y añadió "volveréis a tener las retribuciones que os merecéis y firmasteis con el Estado".

Declaraciones Pedro Sánchez

Anpier exige a Mariano Rajoy que, en coherencia con sus recientes declaraciones sobre aquellas normas que pudieran ser derogadas en un próximo cambio de Gobierno "lo que no podemos tener es una Ley que cuando llegue otro Gobierno la cambie al medio minuto".

Declaraciones de Mariano Rajoy (min. 1:16)

La restitución de la seguridad jurídica reclamada por Anpier debe ajustarse, igualmente, por coherencia con la propia dinámica de la democracia. Mariano Rajoy, en sede Parlamentaria, se opuso desde la oposición a cambios retroactivos para los productores, presumiendo de un modelo renovable apoyado por su partido: "estamos así gracias a los sistemas de apoyo y a los incentivos aprobados por los gobiernos del Partido Popular. Lo que usted se propone —sería bueno que aclarara esto— es echar todo por tierra con ese proyecto de decreto de tarifas de energías renovables que limita los apoyos, crea inseguridad jurídica en las inversiones a largo plazo y amenaza con efectos retroactivos a las inversiones ya realizadas. Extraña manera de apoyar la energía renovable".

Ver documento (pág. 12.029)

Una inmediata restitución de los legítimos derechos de las 62.000 familias españolas por parte del Partido Popular también supondría una vuelta a la coherencia dentro del propio Partido Popular. El propio Comisario de Energía de la Unión Europa, Miguel Arias Cañete, cuando se produjeron los primeros cambios retroactivos para estas familias declaró que con estas decisiones "ahuyenta la inversión" e incurre en las mismas prácticas de "quiebra jurídica" de algunos Gobiernos sudamericanos que han puesto en riesgo inversiones españolas.

Ver documento: Expansión

Los cuatro recursos de inconstitucionalidad frente al RD 9/2013 presentados por cuatro Comunidades conservadoras (Murcia, Extremadura, Navarra y Galicia), ilustran de igual manera que el consenso sobre una política esencial, como es la energética, no se ha logrado ni dentro del propio partido que Gobierna, que ha aplicado la política energética marcada por la FAES, cuyos vínculos con las grandes empresas del sector son evidentes.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha afirmado "Ahora se trata de expulsar del sistema eléctrico a las familias, cuando en un principio se trató de captar sus ahorros. Hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, hemos logrado madurar una tecnología definitiva para el progreso y el bienestar social, y ahora se nos quiere expulsar a patadas de lo que consideran su coto privado de caza, para que los objetivos de producción renovable que se acaban de acordar en Bruselas sean tarea de las cuatro empresas de siempre, que ya tienen la tecnología, la hemos pagado los ciudadanos”.

Anpier recuerda que las renovables no son causantes del déficit de tarifa, así lo sostiene la propia Unión Europea, en el Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015 (pág. 26), la Comisión sentencia: "Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas".

Ver documento: Dictamen del Consejo UE

Si cada kW que consumimos los españoles se remunerara según la normativa que le dio origen no existiría el actual déficit de tarifa, figura desconocida en el resto del mundo. Familias, empresas y fotovoltaicos financian un déficit de tarifa que, además de virtual, sólo beneficia a un reducido número de empresas que, además, tienen otorgada la capacidad de titularizar la demora de los pagos, por lo que todo es beneficio desde el principio, como se refleja en el comportamiento bursátil que registran, al alza en unos años económicamente nefastos para la economía y la sociedad española. Estos costes, además de los cientos de millones de Euros que el sistema ha destinado a partidas poco transparentes, no tienen la legitimación que la UE otorgó a las primas para el fomento de las energías renovables, que en tiempo record han logrado que estas tecnologías ya no precisen ayudas para la implantación de nuevas instalaciones.