Anpier considera absolutamente inmoral la propuesta de las eléctricas de crear un banco malo para retirar las instalaciones renovables y anuncia que las 62.000 familias fotovoltaicas españolas no consentirán dichas ejecuciones y refinanciarán para resistir hasta la salida del Partido Popular del Gobierno, puesto que el resto de fuerzas políticas nacionales han garantizado por escrito una nueva política energética y la restitución de los derechos de las familias productoras.

Anpier lamenta profundamente que la política energética española, que debería ser una política troncal de Estado por sus repercusiones sobre la competitividad, el medio ambiente y el bienestar social, se haya convertido en ámbito exclusivo de un reducido grupo de empresas, que monopolizan el sector y conservan la inercia de inspirar la normativa [i], y de un Ministerio, el de Industria, que actúa en dirección contraria al resto de fuerzas políticas, se enfrenta a varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Gobiernos de su propio partido, actúa en sentido opuesto a las políticas energéticas renovables impulsadas por los países más desarrollados y legisla en contra de las preferencias de la propia ciudadanía, que reclama un impulso decidido de las renovables, tal y como recoge Eurostat.

La propuesta de crear un banco malo para liquidar los activos renovables de los ciudadanos, en armonía con la moratoria renovable, que impide la puesta en marcha de nuevas instalaciones, y las trabas al autoconsumo, muestran la pretensión de reservar el sector para las tecnologías fósiles y nucleares, que controlan las eléctricas tradicionales, y generar un vacío en el cumplimiento de los objetivos 2020 que, llegado el momento, ya sólo podrá ser alcanzado por, precisamente, grandes empresas del sector, que mantendrán así su tradicional hegemonía hurtando a los ciudadanos su legítimo derecho a producir energía.

Anpier recuerda que sin la colaboración normativa del Gobierno dichas pretensiones resultarían inalcanzables y reclama al Ejecutivo el respeto del marco legal que promovió la democratización en la producción de energía. Las primas a las renovables otorgadas por todos los Estado de la Unión Europea tienen la justificación social necesaria: el desarrollo ya alcanzado de fuentes de generación limpias, baratas y accesibles al ciudadano, al contrario de los miles de millones de Euros que el sistema eléctrico español deriva hacía las grandes empresas en forma de sobre retribuciones y pagos a externalidades de empresas privadas sin contrapartida social de ninguna naturaleza, que causan el incomprensible déficit tarifario, que financia la sociedad española y va destinado a empresas con beneficios millonarios y alzas en sus cotizaciones inverosímiles y sin parangón en un contexto bursátil de crisis sistémica.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca clama a su colectivo: “tenemos que aguantar por dignidad frente a nosotros, a la sociedad y a nuestro propios hijos. Hemos financiado con nuestros ahorros la revolución energética del siglo XXI, que aportará bienestar y prosperidad, ahora no nos van a defenestrar para mantener unos privilegios estirando el modelo fósil y nuclear hasta la extenuación a costa del bolsillo y la salud del ciudadano y, además, reservarse la generación renovable como futuro modelo de negocio, cuya maduración ya ha sido financiada por 62.000 familias; nuestro esfuerzo se hizo para el beneficio de la ciudadanía y no para el lucro monopolístico” y recomendó “refinanciar las instalaciones, interponer las reclamaciones judiciales pertinentes, luchad por vuestros legítimos derechos, ninguna planta podrá ser ya ejecutada por la banca antes del cambio de Gobierno, no queda tiempo, sólo resta un año para liberarnos de esta pesadilla normativa”.

[i] https://www.elmundo.es/economia/2013/12/22/52b6072422601dc3418b457c.html