La nueva subasta favorece a la gran eólica y dará cabida sólo a los megaproyectos fotovoltaicos. Los ciudadanos habrán de limitarse a la compra de acciones de empresas del sector y a pagar facturas.

Expulsar a las familias productoras, evitar la socialización de la generación de energía y ralentizar la entrada del autoconsumo, son los tres pilares de la integración de las energías renovables en el sistema energético español.

El Real Decreto 650/2017, por el que se establece un cupo de 3.000 MW de potencia para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, consolida la estrategia en política energética que aplica el Gobierno del Partido Popular: apartar al ciudadano de la generación de energía y asegurar que un negocio de 59.000 millones de Euros anuales sea controlado exclusivamente por un reducido grupo de operadores. El Ministerio de Energía entiende que los ciudadanos no deben participar del sector energético, a los que no atribuye capacidades suficientes para gestionar activos de generación.

La nueva subasta de renovables se dirige a quienes el propio Ministro Álvaro Nadal ha considerado, eufemísticamente, “profesionales del sector” en su cuenta de Twitter, en dónde advierte que no es “un producto financiero para pequeños ahorradores”. Los hechos, y ahora las palabras, demuestran que este Gobierno considera que ningún ciudadano debe aspirar a ser “profesional del sector” y ha de limitarse a pagar facturas gravosas y repletas de extrañas cargas en beneficio de los grandes operadores o, en su caso, invertir en acciones de estas empresas operadoras; pero en ningún caso gestionar activos energéticos que, tal y como han demostrado las 62.000 familias fotovoltaicas, podrían hacerlo con absoluta solvencia técnica, a pesar de las innumerables trabas normativas que han de soportar.

Expulsar a las familias productoras, evitar la socialización de la generación de energía y ralentizar la entrada del autoconsumo, son los tres pilares de la integración de las energías renovables en el sistema energético español, todo legalizado a través de una sucesión de Reales Decretos. En el caso Real Decreto 650/2017, el regulador favorece a las empresas que ofertan grandes proyectos eólicos, con el argumento de que es la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; aunque no es la que produce los kWh más baratos, que debería haber sido el criterio para la obtención del precio de la energía más ventajoso para el ciudadano; ni la que genera en las horas de mayor demanda, durante el día y no durante la noche; ni la que mayor dispersión territorial permite; ni la que ofrece las mejores posibilidades de socialización.

En cualquier caso, con el singular diseño de la nuevas subasta, está previsto facilitar toda la potencia de grandes proyectos eólicos dispuestos a entrar al sistema y que hubiera quedado fuera en las dos subastas anteriores, en los que está tecnología copó el 99% de la potencia subastada, y dar cabida a algunos megaproyectos fotovoltaicos. El número de horas asignado a la eólica, se le atribuyen más horas de generación al año, y los porcentajes máximos de descuento, menores para la fotovoltaica, darán este resultado, puesto que a igualdad de precio en la oferta, tendrán prioridad los proyectos grandes sobre los pequeños, con lo que se impide la entrada de proyectos sociales, que suelen estar entre los 2 y 10 MW.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca lamenta que se esté haciendo una “política energética mezquina, porque en países punteros, como Alemania, que se acaban de subastar 807 MW y han salido 70 parques fotovoltaicos, con una potencia media de 11 MW por parque, sí se está animando a los ciudadanos a que participen como generadores, por motivos evidentes: se socializan los ingresos del sistema energético, de tal manera que, lo que la población abona en facturas de la luz, revierte en decenas de miles de familias y, por lo tanto, en las economías locales, con todas las bondades que esto supone para la vertebración del territorio; frente al modelo centralizado que se quiere blindar en nuestro país, que sólo nos aporta algunos patrocinios deportivos y facturas desorbitadas”.

Martínez-Aroca espera que “las fuerzas parlamentarias del Congreso reclamen al Gobierno un mayor control parlamentario de las actuaciones del Ministerio de Energía, empezando por exigirle mayor transparencia” porque “es sorprendente que se convoquen súbitamente subastas de 3.000 MW de un mes para otro, puesto que da la sensación de que se improvisa o que hay un plan que sólo unos pocos conocen”, además, “que discrecionalmente se reserve una clausula confidencial y desconocida para poder asignar la potencia que se considere a quién se estime, es una nueva muestra de un proceder caciquil que ha de concluir inmediatamente”. A juicio del presidente de Anpier “es muy preocupante que el Ministro Nadal discrimine al ciudadano y no le considere “apto” para operar en el sector energético. Esperemos que no se produzca un efecto contagio en el Consejo de Ministros y se vete, por ejemplo, a los agricultores la posibilidad de producir alimentos”.