La Administración adeuda a las 62.000 familias productoras de fotovoltaica el 40% de las cantidades correspondientes a las liquidaciones de los meses transcurridos del ejercicio 2014; unas liquidaciones que aplican, además, unos recortes de ingresos de hasta el 50% con respecto a las remuneraciones que garantizó el Estado para que los españoles invirtieran sus ahorros en el desarrollo y generación de energía solar, por lo que, con respecto a lo previsto, a estas alturas del año, con los recortes y retrasos, estas familias han ingresado, de media, apenas un 35 % de lo inicialmente garantizado.

Sin embargo, en los próximos días, estas familias productoras deberán afrontar los pagos a los bancos de la novena cuota del año, unas cuotas que se establecieron acorde con la remuneraciones fijadas por Real Decreto, y en la gran mayoría de los casos calculadas por los productores siguiendo las recomendaciones del propio Ministerio de Industria que, a través del IDAE y de su campaña de captación del dinero de pequeños ahorradores “EL SOL PUEDE SER TUYO” (Ver documento adjunto, pags. 14-16), establecía un escalado de planes financieros para todos los bolsillos, que recomendaba financiar el 80% de la inversión, porque los retornos estaban garantizados.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha declarado: “de esta gran mascarada se han beneficiado los de siempre a costa de 62.000 familias que, de buena fe, confiaron en la palabra del Estado” puesto que, “El Estado, gracias a nuestro esfuerzo, ha pretendido cumplir con el compromiso europeo de instalar energía renovables; la banca sigue cobrando las cantidades acordadas inicialmente, porque no queremos perder nuestras garantías, nuestros propios hogares; y a las compañías eléctricas tradicionales se les neutraliza la competencia que les suponía que los propios ciudadanos generáramos energía barata, puesto que el sector ha quedado destruido y estigmatizado”.

La percepción de tan sólo un 35% de los ingresos que hubieran sido los esperados a estas alturas del año, viene motivada porque a los sucesivos recortes retroactivos se añade la imposición de soportar un coeficiente de cobertura de pagos, situado ahora en el 60%, calculado sobre la diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes que se supone genera. Estos costes se establecieron por convenio sobre la base de un sistema de formación de precios que sobre remunera de manera desproporcionada las tecnologías nuclear e hidráulica, en manos de las grandes compañías eléctricas, que aportan el grueso de la energía consumida en España.

Si cada KW que consumimos los españoles se remunerara de manera razonable no existiría el actual déficit de tarifa, figura desconocida en el resto de mundo, y el coeficiente de pagos estaría próximo al 100%. Familias, empresas y fotovoltaicos financian un déficit de tarifa que, además de virtual, sólo beneficia a un reducido número de empresas que, además, tienen otorgada la capacidad de titularizar la demora de los pagos, por lo que todo es beneficio desde el principio, como se refleja en el comportamiento bursátil que registran, al alza en unos años económicamente nefastos para la economía y la sociedad española.

Para Martínez-Aroca, resulta palpable “una estrategia para asfixiar económica y moralmente a las familias productoras, para expulsarlas del sector energético y hacer escarnio público de lo que ocurre cuando el ciudadano osa cuestionar los lucrativos negocios que, a costa de las mermadas rentas familiares, la salud, el medio ambiente y la seguridad nacional, deterioran nuestro bienestar en favor de los intereses privados de una élite económica con capacidad para sugerir un supuesto interés general”.